El jitomate mexicano está en la mira de Estados Unidos, y con ello, millones de empleos y una parte vital del comercio agroalimentario bilateral. La amenaza de una cuota compensatoria del 20.91 % sobre las exportaciones de jitomate ha encendido las alertas en el gobierno mexicano, que busca frenar la medida antes del 15 de julio de 2025.
¿Qué está en juego con la exportación del jitomate?
El jitomate es uno de los principales productos agroexportables de México. Genera más de 2,000 millones de dólares anuales en exportaciones, y emplea a más de 1.5 millones de personas en toda la cadena de valor, desde los campos de Sinaloa y San Luis Potosí, hasta los centros de distribución y exportación.
La cuota que propone EE. UU. se basa en acusaciones de “dumping”, es decir, vender por debajo del valor justo de mercado. Sin embargo, México sostiene que existe desde 2019 un Acuerdo de Suspensión que regula este comercio y ha sido efectivo para evitar distorsiones en el mercado.
Diplomacia comercial en marcha
Para evitar que la medida se concrete, autoridades mexicanas —incluyendo representantes de la Secretaría de Economía y de Agricultura— sostuvieron reuniones clave en Washington con funcionarios del Departamento de Comercio de EE. UU. y con productores locales.
El objetivo es claro: renovar o reforzar el acuerdo existente que frena el uso de cuotas punitivas, demostrando que las exportaciones mexicanas son competitivas, pero no desleales.
Un caso emblemático para el T-MEC
Este conflicto no solo es económico: también pone a prueba el marco legal del T-MEC, el tratado comercial que une a México, EE. UU. y Canadá. La imposición de una cuota de este tipo podría interpretarse como una acción proteccionista que contradice los principios del tratado.
¿Qué sigue?
Si no se alcanza un acuerdo antes del 15 de julio, los productores mexicanos enfrentarán un fuerte golpe económico. Esto podría elevar los precios del jitomate en EE. UU., alterar las cadenas de suministro y tensar aún más las relaciones comerciales entre ambos países.
En conclusión, la defensa del jitomate mexicano es más que una negociación comercial: es un esfuerzo por proteger empleos, mantener la competitividad agroexportadora y reforzar el compromiso con el libre comercio justo. El resultado de este proceso marcará un precedente para futuras disputas en el marco del T-MEC.
